Izquierda Socialista de La Rioja INFORMA 11-01-2012

sábado, 11 de febrero de 2012

IS-PSOE de La Rioja se suma a cuantas movilizaciones se convoquen en torno a dos asuntos que afectan o preocupan a una buena parte de la sociedad. La primera por cuanto de ruptura institucional para con los defensores de los trabajadores, es decir los sindicatos, a la vez que ataca al Estatuto de los Trabajadores, ley ordinaria que forma parte del consenso de la Transición y segundo, por la indignación que ha supuesto la sentencia del TS por la que se inhabilita al Juez Baltasar Garzón, considerando que tanto el enjuiciamiento como la propia sentencia son un juicio político contra una persona que no es del agrado del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Juducial, habiendo utilizado una apariencia de legalidad para eliminarlo.

  1. Diga lo que diga el gobierno de España, los jefes del PP, algunos expertos del área económica que responden al pensamiento único y las patronales, la reforma laboral en sus consecuencias prácticas es la del despido único y pone de manifiesto que la única idea que tiene la derecha como respuesta a la crisis económica, es atacar a los trabajadores y a aquellos que desean tener un puesto de trabajo digno- Por otro lado, subrayamos que este Gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido, cuando esa no es la situación real de España.
  2. No compartimos la sentencia que inhabilita al juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama de corrupción Gürtel, que señala a muchos “populares” como gestores y beneficiarios. Nos preocupa que la Justicia española cada vez esté más en el punto de mira de los demócratas del mundo. Esperamos ver cómo terminan las otras dos causas abiertas sobre el magistrado y en relación a los crímenes del franquismo, defendemos las pesquisas abiertas al respecto.
  3. IS comparte lo señalado por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que ha pedido a España la derogación de la ley de amnistía de 1977, porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos, existiendo un deber hacia las víctimas, que tienen derecho de reparación.

Para más información pueden telefonear a José Ignacio Cifrián Ladislao, coordinador IS, 608571591

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